En un fallo contundente, el juez federal Martín Cormick ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de inmediato con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución exige liberar las partidas presupuestarias destinadas a sueldos, becas, investigación y el funcionamiento de los hospitales que dependen de la institución.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 dictó una medida cautelar en favor de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La decisión frena el intento del Gobierno nacional de mantener congelados los recursos de la educación pública superior. De esta manera, el Poder Ejecutivo queda obligado a implementar las partidas de la Ley 27.795.
La casa de altos estudios había judicializado la situación tras declarar la emergencia presupuestaria. En su presentación, argumentó que el accionar oficial resultaba ilegítimo y afectaba de forma directa a docentes, no docentes, investigadores y estudiantes. El reclamo de la UBA puso especial énfasis en áreas críticas que no estaban completamente contempladas en otros amparos colectivos, tales como el presupuesto para la función salud (hospitales universitarios), ciencia, tecnología y extensión.
Los fundamentos del fallo
En los considerandos de la resolución, el magistrado Martín Cormick determinó que la parálisis presupuestaria vulnera el derecho constitucional de enseñar y aprender. Asimismo, derribó el argumento oficial sobre el impacto fiscal de la ley al recordar que, según estimaciones del Congreso, la norma representa apenas el 0,23% del PBI, una cifra que calificó como «un ahorro poco significativo» frente al presupuesto global del Estado.
El juez también rechazó un planteo en el que el Ejecutivo solicitaba levantar las restricciones basándose en acuerdos salariales previos. Para la Justicia, las autoridades nacionales no lograron demostrar que tales medidas hubieran resuelto de forma efectiva el deterioro de los ingresos de los trabajadores ni la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.
La medida cautelar dictada a favor de la UBA funcionará como un resguardo de ejecución inmediata mientras se tramita el proceso principal y se aguarda una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de las medidas de ajuste aplicadas al sector.
